La dupla fiscalizadora vuelve a la carga: concejales Barra y Lonza llevan a Contraloría millonarias condenas contra el municipio de Iquique

En ese escenario, los concejales Cristian Barra y Martín Francisco Lonza volvieron a mover el tablero fiscalizador. La dupla ingresó un requerimiento formal ante la Contraloría Regional de Tarapacá, solicitando que el ente de control revise eventuales responsabilidades administrativas y deficiencias sistemáticas en la mantención de los bienes nacionales de uso público bajo administración municipal.

La acción no surge de una simple diferencia política. Tiene como telón de fondo dos fallos judiciales que dejaron en evidencia problemas graves en la conservación y fiscalización de espacios públicos de Iquique.

Uno de los casos corresponde a una condena ratificada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó el pago de $7.411.063 a una transeúnte que sufrió una fractura de tobillo tras caer en una vereda en mal estado, en el sector de Luis Uribe con San Martín. El fallo estableció que la Municipalidad tenía el deber de mantener la vía pública en condiciones seguras para el desplazamiento de peatones.

El otro antecedente apunta a un caso mucho más grave: la muerte de un adulto mayor tras un accidente ocurrido en la vía pública, en el sector de Tarapacá con Vivar. Según los antecedentes judiciales del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, causa rol C-1521-2025, el tribunal acogió una demanda indemnizatoria contra la Municipalidad de Iquique, condenándola al pago de montos por lucro cesante y daño moral a familiares de la víctima.

Con estos antecedentes sobre la mesa, Barra y Lonza apuntan a una pregunta de fondo: ¿estamos frente a hechos aislados o ante una falla mayor en el sistema municipal de mantención, prevención y fiscalización?

Porque Iquique puede tener postales hermosas, playas llenas y calles con vida durante gran parte del año, pero también carga con una responsabilidad básica: que sus veredas, aceras y espacios públicos no se transformen en una amenaza para sus propios vecinos.

La presentación ante Contraloría busca que se revise si existieron omisiones, falta de planificación, ausencia de controles o debilidades internas que hayan permitido que situaciones de riesgo terminaran en accidentes graves y en millonarios pagos con recursos públicos.

En simple: la “dupla fiscalizadora” no dejó pasar el tema. Y esta vez la discusión no solo apunta a quién paga las indemnizaciones, sino a quién responde políticamente y administrativamente cuando la ciudad no cumple con sus vecinos.

La señal es clara: en Iquique no basta con mostrar la ciudad bonita. También hay que hacerse cargo de la ciudad que se camina todos los días.

Fuentes judiciales:

Para el caso de la caída en vereda, el respaldo más sólido es el comunicado del Poder Judicial, que informa que la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la sentencia en la causa rol 218-2026, condenando a la Municipalidad de Iquique al pago de $7.411.063 por falta de servicio.

Para el caso fatal, el antecedente judicial identificado corresponde a la causa Rol C-1521-2025, del Tercer Juzgado de Letras de Iquique, con código de validación PFXBWXBHGT en el verificador documental del Poder Judicial. El texto disponible señala que la demanda fue acogida contra la Municipalidad de Iquique y que se ordenaron pagos por lucro cesante y daño moral.